Abogado Derecho Administrativo en Santa Cruz de Tenerife
Soluciones claras y rápidas ante procedimientos administrativos complejos
¿Te identificas con estos casos?
¿Has recibido una multa o sanción injusta y no sabes cómo recurrirla?
Nos encargamos de todo el proceso legal para pedir que se anulen o reduzcan sanciones indebidas y proteger tus derechos, desde las alegaciones hasta el recurso.
¿Te preocupa perder una licitación pública por no entender los tecnicismos del proceso?
Te guiamos durante todas las etapas del proceso de contratación para que puedas competir de forma justa y no pierdas ninguna oportunidad.
¿Has SUFRIDO daño económico o personales debido a la mala gestión de un servicio público?
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Si la administración te ha causado pérdidas económicas o daños físicos, luchamos para que recibas una compensación justa.
¿Te sientes impotente ante la burocracia interminable y los tecnicismos legales?
Simplificamos los trámites administrativos y los problemas de competencia entre administraciones y te ayudamos a navegar por los procedimientos complicados con facilidad: preparación de cada solicitud, aportación de documentación y seguimiento de cada actuación.
Abogados especializados en Derecho Administrativo en Tenerife
Enfrentarse a la administración pública no debería ser una lucha interminable. Sabemos lo frustrante que es navegar por procedimientos llenos de burocracia y tecnicismos. En nuestro despacho de abogados administrativos en Tenerife, estamos aquí para hacer las cosas más simples. Nuestro equipo te ayuda a proteger tus derechos y resolver cualquier conflicto con la administración de forma rápida y eficaz. Cada abogado especialista en derecho administrativo del despacho conoce la legislación de su materia, y te ofrecemos asesoramiento jurídico con compromiso, información clara y un estudio previo de tu situación. Queremos ofrecer un servicio cercano y con dedicación a cada asunto, y defender los intereses de nuestros clientes ante cualquier departamento u organismo público.
Reclamaciones contra sanciones y multas
Te ayudamos a recurrir sanciones injustas, ya sean multas de tráfico, liquidaciones municipales como la plusvalía, sanciones fiscales o cualquier penalización indebida que la administración haya impuesto. Contra los actos que no ponen fin a la vía administrativa cabe recurso de alzada, y contra los que sí la ponen, recurso potestativo de reposición; en ambos casos el plazo es de un mes si el acto es expreso (arts. 122 y 124 de la Ley 39/2015).
Licitaciones públicas y contratación administrativa
Te guiamos con rigor en todas las fases de los procesos de licitación pública o contratación administrativa, en el ámbito local, autonómico o estatal, para que tu empresa cumpla con los requisitos y aproveche todas las oportunidades, también en la solicitud de ayudas y subvenciones públicas de cualquier sector.
Reclamaciones por responsabilidad patrimonial
Si la administración ha causado daños a tus bienes o derechos, te ayudamos a reclamar las compensaciones que te corresponden por ley, desde negligencias médicas hasta daños a propiedades. El derecho a reclamar prescribe al año de producirse el hecho o de manifestarse el daño (art. 67 de la Ley 39/2015).
Expropiaciones y procedimientos urbanísticos
Nos encargamos de defender tus derechos en procedimientos de expropiación, para reclamar una compensación justa y adecuada.
Defensa a procedimientos sancionadores
Si enfrentas un expediente sancionador por parte de la Seguridad Social, Hacienda u otro organismo, estamos preparados para defender tus intereses y minimizar el impacto económico, también cuando la sanción afecta a la actividad mercantil de tu empresa. Llevamos a cabo las alegaciones y la prueba en cada fase.
Llámanos ahora y pide tu consulta
Servicios de derecho administrativo
Recursos administrativos
Interponemos recursos de alzada y reposicion contra actos de la administracion. Defendemos tus derechos ante cualquier organismo publico.
Contencioso-administrativo
Llevamos tu caso ante los juzgados y tribunales contencioso-administrativos cuando se agotan las vias administrativas. El plazo general del recurso contencioso administrativo es de dos meses desde la notificacion del acto expreso, y te damos asistencia en toda la tramitacion del proceso contencioso.
Responsabilidad patrimonial
Reclamamos indemnizaciones a la administracion por danos causados por el funcionamiento normal o anormal de los servicios publicos.
Licencias y autorizaciones
Tramitamos licencias de apertura, actividad, obras y urbanisticas. Recurrimos denegaciones injustificadas.
Sanciones administrativas
Defensa frente a multas y sanciones de trafico, urbanismo, medioambiente, consumo y otras areas administrativas.
Expropiacion forzosa
Defendemos tus derechos en procedimientos expropiatorios. Impugnamos justiprecio y reclamamos el precio justo por tu propiedad.
Lo que opinan de nuestros abogados administrativos en Tenerife …
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Puedo recurrir una multa de tráfico emitida por un ayuntamiento de Tenerife?
Sí, si crees que la sanción es injusta o errónea, tienes derecho a recurrirla. Nosotros te ayudamos a presentar el recurso, basándonos en los detalles específicos de tu caso y en todos los aspectos de forma y fondo de la sanción.
¿Cuánto tiempo tarda un procedimiento de reclamación patrimonial?
El tiempo puede variar dependiendo de la complejidad del caso y la respuesta de la administración. Sin embargo, nuestro objetivo es agilizar el proceso lo máximo posible para que obtengas una resolución en el menor tiempo.
¿Qué pasa si pierdo una licitación pública por un error administrativo?
Si crees que la administración cometió un error en el proceso, podemos presentar un recurso para impugnar el resultado y asegurarnos de que se revisen las condiciones.
¿Cómo sé si tengo derecho a una compensación por daños causados por la administración?
Cada caso es diferente, pero si la administración ha causado un daño que afecta tus derechos o propiedad, es posible que tengas derecho a una compensación. Te asesoramos para determinar si tu caso es viable y cuáles son las posibilidades de éxito, teniendo en cuenta la relación entre el daño y el funcionamiento del servicio público.